La Corte Interamericana de los Derechos Humanos que conoce sobre casos donde uno de los Estados miembros haya violado un derecho o libertad protegidos por la Convención. El estado venezolano suscribió y ratificó a través del Pacto de San José la competencia de la CIDH en asuntos de DDHH.
Durante julio de 2006, la Contraloría General de la República inhabilitó al alcalde del municipio Chacao, Leopoldo López, para ejercer cualquier cargo público por 3 años. Esta sanción comenzaría a correr a partir del momento en que terminara su período de alcalde, como en efecto sucedió en noviembre de 2008. Unos meses antes de culminar su período, en mayo de 2008 Leopoldo López era el candidato favorito para la optar el cargo titular de la Alcaldía Mayor de Caracas. Según las encuestas, se encontraba por encima de otros candidatos de oposición, por encima de los candidatos del oficialismo e incluso por sobre cualquier candidato apuntado por el presidente Chávez.
Esta inhabilitación se motivó presuntamente a una donación realizada en 1998 a Primero Justicia (partido político en el cual militaba) cuando López se desempeñaba como Analista de Entorno Nacional en la Oficina del Economista Jefe de PDVSA. En ese entonces su madre, Antonieta Mendoza de López, ocupaba el cargo de Gerente de Asuntos Públicos de la División de Servicios de PDVSA Petróleo y Gas. Según la Contraloría, esta donación contravino normas sobre conflicto de interés. Posteriormente, López fue sancionado de nuevo por la Contraloría por el presunto desvío de recursos destinados al pago de bomberos, maestros y policías y a gastos de alumbrado público. La inhabilitación corre hasta 2012 2017.
A petición de Leopoldo López, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Costa Rica) introdujo el 14 de diciembre de 2008 una demanda ante la Corte IDH, alegando que Venezuela violó sus derechos al inhabilitarlo por razones administrativas cuando se presentaba como candidato a la Alcaldía Mayor. Sin embargo, de regreso en Venezuela, la Sala Constitucional del TSJ con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, sentenció que estas inhabilitaciones eran constitucionales (4 votos a favor, 1 voto salvado). El Magistrado Pedro Rondón Haaz salvó su voto al no estar de acuerdo, insistiendo que el despacho de Russián no estaba facultado para limitar derechos políticos.
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