El Tribunal Supremo es el máximo garante de la legalidad, pero ha asumido el papel de catalizador entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional, a través de una serie de fallos que contrarían lo que establecen la Constitución, las leyes y voluntad del electorado.
El Tribunal Supremo de Justicia fue creado el 5 de noviembre de 1999 en una de las últimas sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Los cambios institucionales propuestos por la nueva Constitución fueron profundos, sobre todo en materia económica, derechos fundamentales y administración de justicia, pero en muchos casos (estas propuestas) han quedado en letra muerta.
Según la Constitución, la competencia monetaria es exclusiva del Banco Central (art. 318) y sin embargo desde 2003 la cedió completamente al Ejecutivo Nacional a través de "convenios cambiarios". Las decisiones de la CorteIDH tienen rango constitucional y prevalecen en el orden interno (art. 23) pero el gobierno se ha negado a cumplir sus decisiones y el TSJ las ha declarado "inejecutables". Solo se permite expropiar por causa de utilidad pública, después de "sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización" (art. 115) pero se han confiscado (y quebrado) empresas a diestra y siniestra sin respeto por la ley. Ejemplos hay muchos.
