Tras la nacionalización de la Faja del Orinoco, la compañía estadounidense Exxon Mobil decidió aperturar dos laudos arbitrales en contra de Venezuela, alegando que Pdvsa había incumplido el contrato y que Venezuela había violado el Tratado Bilateral de Inversiones.
En 1989, al principio del gobierno de Carlos Andrés Pérez, nació la idea de una apertura petrolera con la finalidad de permitir la participación de inversionistas nacionales y extranjeros en el negocio de los hidrocarburos. Esta medida fue concebida bajo encomienda del Ministerio de Energía y Minas al entonces director de Maraven, Luis Giusti, con la intención de crear y concretar proyectos en la Faja Petrolífera del Orinoco que financieramente estaban fuera del alcance de la estatal de petróleo venezolana. En 1991, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) inició la reactivación de los campos marginales con la ayuda de empresas privadas, algunas de las cuales participaron bajo la modalidad de convenios operativos.
En 1992, Pdvsa inició el proceso de licitaciones que favoreció a 22 empresas, el mismo se llevo a cabo en tres rondas. En la primera ronda (1992) se adjudicaron tres campos, en la segunda ronda (1993) se adjudicaron 11 y en la tercera ronda, culminada en 1997, se otorgaron 20 campos. En ese año, Exxon Mobil y Pdvsa se asociaron estratégicamente para operar en la Faja Petrolífera del Orinoco, en el campo Cerro Negro.
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